El lunes 29 de noviembre de 2021 entró en vigor las nuevas directrices del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que redefinen quién puede ser objetivo de arrestos y deportaciones.

“El hecho de que un individuo sea indocumentado no debe ser por sí solo la base para aplicar la ley en su contra”, indicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado el pasado 30 de septiembre al anunciar el cambio.

La Administración que preside Joe Biden se centrará a partir de ahora en detener y deportar a aquellos indocumentados que “suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza y, por tanto, amenazan el bienestar de Estados Unidos”, así como los que hayan cruzado recientemente la frontera y por tanto tengan menor arraigo en el país.

Los agentes deberán evaluar si estas personas han cometido un delito de gravedad en el pasado, qué tipo de daño causaron y si hubo un arma de fuego involucrada.

Además, se requerirá tener en cuenta si son jóvenes o mayores, y el impacto que tendría su deportación para el resto de su familia, según el diario The New York Times.

Las nuevas directrices descartan que ICE se enfoque en detener y deportar a trabajadores agrícolas y otros migrantes que sí eran susceptibles de ser expulsados bajo la presidencia de Donald Trump aunque no tuvieran antecedentes criminales.

“¿Vamos a gastar el tiempo en detener y deportar al trabajador agrícola que se está rompiendo la espalda para recoger la fruta que todos ponemos en nuestras mesas?”, se preguntó Mayorkas en una entrevista en septiembre citada por el diario The Washinton Post.

“Porque si perseguimos a ese individuo, no estaremos gastando esos mismos recursos en alguien que, de hecho, amenaza nuestra seguridad. Y de eso se trata”, insistió.

Las asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reprochan a Mayorkas que haya concedido finalmente mayor libertad a los agentes de ICE para aplicar estos criterios, a diferencia de la guía provisional que publicó la agencia el 18 de febrero en la que los supervisores debían dar su visto bueno a cualquier detención que se saliera de unos parámetros bien definidos.

Mayorkas explicó: “Confío en los trabajadores de ICE y en su liderazgo, y confío en mi propio liderazgo y en los esfuerzos que he realizado para comprometerme con los trabajadores de ICE y debatir con ellos estas mismas cuestiones”.

Las nuevas directrices entran en vigor cuando el proyecto de gasto social de Biden, de 1.75 billones de dólares y que incluye ayudas a los inmigrantes, llega esta semana al Senado tras ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Pero los desacuerdos entre los demócratas y la oposición de la asesora del Senado a la tramitación de la ley han impedido alcanzar un acuerdo para allanar el camino hacia la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados, como prometió Biden en campaña.